La libertad también exige que el Estado actúe
Las democracias europeas deben proteger el derecho a discrepar y responder con el mismo criterio ante amenazas, agresiones y coacciones, cualquiera que sea su origen político o religioso
Una democracia pierde parte de su libertad cuando alguien renuncia a organizar un acto, a presentarse a unas elecciones o a manifestarse porque teme una agresión. La pérdida rara vez aparece en las estadísticas policiales. El acto se cancela, la persona se retira y quienes provocaron esa decisión descubren que la intimidación funciona. Ahí empieza la responsabilidad de las instituciones. Proteger el pluralismo significa proteger también a quienes defienden ideas que incomodan al Gobierno, a la oposición o a una mayoría en la calle.

Europa debe tomarse en serio la posibilidad de que la prudencia institucional degenere en permisividad. Ante una protesta tensa, puede ser sensato evitar una intervención que agrave los incidentes. Esa decisión táctica no agota la respuesta del Estado. Después corresponde identificar a los responsables, investigar las agresiones y explicar qué se ha hecho. Una detención inmediata es solo uno de los datos relevantes. Para juzgar la actuación de las autoridades importa saber si hubo investigación, si se reunieron pruebas y qué resolvieron los tribunales. La falta de explicaciones deja a los perjudicados sin respuesta y alimenta la sospecha de trato de favor.
La misma protección para el adversario
El criterio debe poder aplicarse aunque se inviertan los papeles. Un acto de la derecha democrática merece la misma protección que uno de la izquierda. Quienes quieran protestar contra cualquiera de ellos tienen también derecho a hacerlo pacíficamente. La prueba para una autoridad es si ambos pueden ejercer su libertad al mismo tiempo. Y la prueba para un partido es si defiende ese principio cuando la persona intimidada pertenece al bando contrario.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos abordó esa tensión en 1988, a raíz de unas manifestaciones contra el aborto en Austria. Los organizadores sostenían que las autoridades no los habían protegido suficientemente de quienes acudieron a protestar contra ellos. Estrasburgo estableció que el Estado debe adoptar medidas razonables y adecuadas para que una manifestación pacífica pueda celebrarse, y consideró suficientes las que Austria había tomado en aquel caso. En España, el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y permite prohibir una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Ambas referencias obligan a examinar el riesgo concreto y la respuesta disponible.
La exigencia de rigor vale también para las cifras. En Alemania, los delitos registrados por la policía como de motivación política de izquierdas subieron de 7.777 en 2023 a 9.971 en 2024. En esa misma categoría, los delitos violentos bajaron de 916 a 762. Las dos cifras describen la misma serie y cuentan historias distintas. Para sostener que hay más violencia o que determinadas agresiones se persiguen menos, hacen falta datos que permitan comparar conductas equivalentes y seguir la respuesta institucional. Elegir el número que mejor encaja con la tesis debilita cualquier denuncia fundada.
Intervenir con pruebas y con límites
La libertad de culto plantea la misma obligación de precisar los hechos. Si existen indicios de captación terrorista o incitación a la violencia, las autoridades deben investigar a las personas implicadas y determinar si hay pruebas que justifiquen medidas sobre el centro. En Francia, el prefecto de Seine-Saint-Denis ordenó en 2020 el cierre durante seis meses de la Gran Mezquita de Pantin. El juez de medidas cautelares del Consejo de Estado rechazó suspenderlo al apreciar que los hechos examinados justificaban la medida por su vínculo con el riesgo terrorista. Un cierre afecta también a fieles ajenos a los hechos investigados. Por eso exige una motivación concreta, una duración delimitada y la posibilidad de recurrir.
La permisividad y el exceso tienen una consecuencia común. Dejan el ejercicio de un derecho al arbitrio de quien tiene más poder en ese momento, sea un grupo capaz de intimidar o una autoridad dispuesta a prohibir por comodidad. Los gobiernos europeos deberían explicar con criterios públicos cuándo intervienen, qué hechos motivan sus decisiones y cómo se revisan. Los partidos, por su parte, tienen una obligación política más sencilla: condenar las agresiones con la misma claridad cuando incomodan a los propios.
La medida de una democracia está en lo que una persona puede hacer cuando sus ideas resultan impopulares. Debe poder hablar, reunirse, protestar y practicar su religión sin pedir permiso a quien discrepa. Cuando alguien intenta arrebatarle esa libertad mediante amenazas o violencia, le corresponde al Estado protegerla y responder por sus decisiones.
Fecha de los hechos o documento ·
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos · Plattform «Ärzte für das Leben» contra Austria, sentencia de 1988 ↗
- BOE · Constitución española, artículo 21 ↗
- Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania · Delitos de motivación política, 2024 ↗
- Ministerio del Interior y BKA · Desglose de datos de 2024 ↗
- Consejo de Estado francés · Resolución cautelar sobre la Gran Mezquita de Pantin ↗
Elaboración propia a partir de las fuentes identificadas. Criterio editorial y correcciones